febrero 16, 2024 - 685 vistas
La sharia, que se deriva del Corán, comprende un conjunto de principios y directrices que guían la vida de los musulmanes en distintos aspectos, como la moral, la ética, la religión, la justicia y la conducta social.
La decisión, pronunciada por un panel de nueve miembros del Tribunal Federal, fue de 8 a 1 y declaró nulas e inválidas 16 leyes que imponían castigos basados en el Islam.
Este fallo histórico podría tener repercusiones en otras partes del país de mayoría musulmana que cuentan con leyes sharia similares. Las leyes islámicas anuladas afectan al estado rural de Kelantan.
El caso fue presentado en 2022 por dos mujeres musulmanas de Kelantan, cuya población es 97% musulmana.
El estado de Kelantan ha sido gobernado por el Partido Islámico Pan-Malasio, o PAS, desde 1990 y aboga por una interpretación más estricta de la ley islámica.
Según Reuters, en Malasia existe un sistema legal que combina leyes penales y de familia islámicas, aplicables a los musulmanes, con leyes seculares. Las leyes islámicas son establecidas por las legislaturas estatales, mientras que las leyes seculares son aprobadas por el parlamento de Malasia.
El presidente del Tribunal Supremo, Tengku Maimun Tuan Mat, quien emitió la decisión mayoritaria, afirmó que el estado carece de autoridad para promulgar leyes, ya que esto corresponde a los poderes legislativos del parlamento.
«La esencia de estas disposiciones son las cuestiones de la lista federal, que sólo el parlamento tiene el poder de abordar», afirmó.
En los últimos años, el Partido de Acción Popular (PAS) ha ganado popularidad debido al aumento del conservadurismo islámico entre la mayoría musulmana étnica malaya de Malasia, lo cual se refleja en su mayor número de escaños en el parlamento en comparación con otros partidos. Esta situación representa un desafío para la coalición gobernante liderada por el primer ministro Anwar Ibrahim, la cual promueve la diversidad étnica y religiosa.
Recientemente, una abogada de Kelantanese y su hija presentaron una impugnación constitucional contra las leyes que rigen los delitos de la sharia adoptadas por el estado y que entraron en vigencia en 2021. Esta acción ha generado polémica entre algunos grupos musulmanes conservadores, quienes temen que la impugnación pueda debilitar los tribunales islámicos o de la sharia en Malasia.
